VIVIENDA en VENEZUELA OPINIONES COLLAGE

El propósito de obtener una vivienda propia para una familia de clase media en Venezuela, ha pasado de ser un plan de vida tangible, a un sueño casi inviable para un alto porcentaje de esa población. En enero del año 2015, el promedio del costo del metro cuadrado de una vivienda en el Área Metropolitana de Caracas era de 252.851 bolívares y para junio de este año alcanzaba a 603.368 bolívares, un aumento superior a 100%. Esto quiere decir, que el promedio del costo de las viviendas que están en oferta en la Gran Caracas, es de 60 millones de bolívares. El estimado corresponde a las cifras promedio que maneja la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de acuerdo a la oferta que existe en el mercado inmobiliario durante el primer semestre de 2015. Un apartamento en la parroquia La Candelaria puede costar aproximadamente entre 40 a 50 millones de bolívares, mientras en urbanizaciones del este, entre 200 y 600 millones, en tanto que otras opciones de mayor nivel, que no se publican, se tasan en dólares. En el marco de las distorsiones que se han generado en la economía venezolana, la situación de la vivienda registra una serie de factores que hacen muy compleja esta área fundamental para el desarrollo de las ciudades. Aquiles Martini, quien hasta hace poco presidió la Cámara Inmobiliaria y actualmente encabeza la Comisión de Infraestructura y Vivienda de Fedecámaras, identifica una serie de aspectos que han generado la actual situación en los que se suman: la alta inflación, escasez de materias primas, leyes que limitan la inversión inmobiliaria, el déficit en la construcción de viviendas, falta de planificación urbana y las intervenciones sobre promotores y constructores Un elemento que contribuye a la poca oferta de inmuebles, ha sido también la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda aprobada en 2011. En 1998 las viviendas en alquiler representaban 30% de la demanda residencial, mientras que en 2015 es menos de 1%, según cifras que maneja la Asociación de Propietarios de Inmuebles. En la actualidad se procesan 45 mil juicios de inquilinato y 11 mil procedimientos administrativos, la mayoría de las causas es por incumplimiento de pago de los inquilinos y la negativa a abandonar el inmueble. Vale destacar que 65% de los inmuebles de vivienda arrendados en la actualidad se encuentran en sectores populares. El déficit Las necesidades habitacionales, cuando se inicia el gobierno bolivariano en 1999 era de un millón 900 mil viviendas. A partir de 2009, con el programa Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el déficit llegaba a 2 millones 700 mil viviendas, mientras que para 2015 está llegando a 2 millones 900 mil viviendas. Ese déficit se incrementó, a pesar del gran volumen de unidades construidas entre 2011 y 2014 por el sector público a partir de la GMVV. Según explica Martini, al déficit que se arrastraba se le suman las necesidades de nuevas viviendas que se generan por el crecimiento anual de la población en el país que demanda de 120 unidades nuevas por año. De acuerdo a las cifras oficiales recopiladas por la CIV, basadas en los informes del BCV, INE y Cámara de la Construcción, entre 2011 y 2015, se construyeron en Venezuela 718.414 viviendas. Hay que destacar que ese monto significativo por el aporte de las viviendas construidas por GMVV, incluye lo aportado por el sector privado. Sin embargo, precisa Aquiles Martini, que a las cifras que ofrece el BCV sobre construcción de viviendas, se fue modificando a partir de 2009 y a la data se le agregaron las viviendas remodeladas que forman parte de programas sociales como Barrio Tricolor, sustitución de ranchos por casas, programas manejados por los Consejos Comunales, con la data que aportan esos organismos. De tal manera que en la cifra no se discrimina ese tipo de programas de aquellas que son realmente nuevas viviendas. Las estimaciones para obtener la cifra real de nuevas viviendas, de acuerdo a cálculos de la CIV, habría que restar aproximadamente dos terceras partes de la cifra total, lo cual reduciría la cifra en 400 mil viviendas aproximadamente. Sector privado La Cámara Inmobiliaria registra 18 trimestres consecutivos de caída en la construcción de viviendas nuevas del sector privado. De cerca de 70 mil viviendas que construía el sector privado en promedio en años anteriores, en 2014 apenas se lograron construir 15 mil viviendas. Explica Martini que además hay que tomar en cuenta que muchos de los urbanismos que se suman a las viviendas construidas en ese año, ya habían sido desarrolladas en años anteriores y sostiene que en 2015 la cifra de construcción privada será aún más baja. De acuerdo a los registros de la Cámara de la Construcción, la caída del sector en el primer semestre de 2015 es de 25%. Al revisar los números de la GMVV también se observa una caída a partir de 2014 cuando se construyeron 126 mil unidades (público y privado) mientras en lo que va de 2015 la producción hasta el 28 de julio era de 44.293 viviendas, sumando ambos sectores. A juicio de Aquiles Martini uno de los factores que generó esta caída en el sector privado, además de la falta de materias primas como la cabilla que proviene de Sidor y el cemento, cuya producción igualmente está en manos del Gobierno, han sido las intervenciones de los proyectos privados y las leyes regulatorias. Una de estas leyes, la Ley contra la Estafa Inmobiliaria aprobada en 2012, según opina el especialista, parte de la mala fe hacia el promotor y el constructor y contiene una serie de enunciados que hacen inviable la construcción de viviendas. Esta ley regula toda la aparte de construcción de viviendas, los precios, las fórmulas en que se pide el dinero, y hace al constructor el responsable penal de los retrasos que puedan ocurrir, así por ejemplo, tengan su origen en la falta de insumos. Según la CIV la falta de insumos también está vinculada a la caída de la producción que ha afectado a Sidor, que de 4,5 millones de toneladas que producía en 2008 cuando no había sido estatizada por el Gobierno, en 214 se reportó una producción de un millón de toneladas, y este año está reportando una caída mayor. Esa caída también ha afectado la producción del sector público. Precios tope Otro aspecto que destaca Martini es que se le puso un techo al valor de la vivienda que el Gobierno le reconoce al sector privado, por ejemplo, en el plan "0800 mi hogar" se establece un tope de una banda que va desde 747 mil bolívares hasta un millón 250 mil bolívares. "Obviamente que construir a esos precios a la realidad de hoy resulta inviable" señala. Para explicarlo, Martini pone como ejemplo que un ascensor que se calculó a 6,30 por dólar ahora hay que pagarlo a precio del mercado paralelo. Una cabilla que está regulada en 10 bolívares el kilo ahora hay que pagarla en el mercado negro en 10 a 15 veces más del valor regulado. Lo mismo sucede con el cemento, con los componentes para el baño, con los cables, tuberías etc. Aún así, partiendo de que existiese una vivienda a un costo de un millón de bolívares, según los precios del Gobierno, un comprador con ingresos medio, podría obtener un crédito máximo de 500 mil bolívares, pero entonces tendría que poner de su bolsillo otros 500 mil bolívares, precisa Martini. El tope máximo que presta la banca pública a través de los fondos propios de la cartera de la banca son 3 millones de bolívares. Pero el solicitante debe ganar 15 salarios mínimos, esto es 120 mil bolívares mensuales, y solamente 2% de la población tiene ese salario, según el INE. "La vivienda tiene un precio referencial y es el activo más importante de la familia venezolana y la tiende a valorizar o bien en moneda extranjera que hoy es legal o en su valor de reposición. Entonces nadie va a vender su casa en un bolívar si la nueva le va a costar tres bolívares". Expropiaciones El domingo 31 de octubre de 2010, a través del programa "Aló Presidente", el fallecido presidente Hugo Chávez anunció la expropiación de varios urbanismos privados en todo el país que se encontraban en proceso de construcción y preventa. Un informe elaborado por el investigador y experto en políticas públicas en materia de vivienda, Miguel Méndez Rodulfo, explica en un informe elaborado sobre ese proceso expropiatorio que "mediante varios decretos, emitidos en noviembre y diciembre de ese año, se fueron afectando, primero los urbanismos denunciados en la alocución presidencial y luego otros conjuntos, hasta que finalmente sumaron 57 desarrollos los que fueron objeto de esta medida". "La expropiación comprendió medidas de ocupación temporal de las sedes administrativas de las empresas y multa de 5.000 unidades tributarias. En los hechos, la expropiación significó la confiscación de los lotes de terrenos, edificios de viviendas, áreas comunes, almacenes, depósitos, oficinas, maquinarias, materiales, equipos y vehículos, cualesquiera otros bienes muebles o inmuebles, maquinarias, equipos industriales y de oficina, implementos de trabajo y otros materiales dispuestos para la construcción del desarrollo mencionado" indica el informe del especialista. Uno de los argumentos expuestos por el Presidente Chávez, era que: "Esos desarrollos están paralizados y la gente ya pagó, ahora nosotros expropiamos, vamos a terminarla, vamos a readecuar los precios, vamos a multar estas empresas y vamos a entregarlas". En su intervención expresó: "Ordené a la Fiscalía General de la República, para que actúe de inmediato contra las empresas involucradas en las estafas, congele cualquier bien o cuenta bancaria, para evitar su movilización y garantizar que las personas que han depositado sus recursos puedan recuperar su dinero". El informe de Méndez indica que la mayoría de los urbanismos estaban avanzados en 75% y los compradores de esos conjuntos habrían de esperar al menos un año y medio para finalmente recibir su vivienda. En junio de 2014, muchos propietarios de la clase media y media-baja, con opción para adquirir vivienda en los urbanismos intervenidos, entre 2010 y 2013, introdujeron un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitando la acción de nulidad de la Resolución 061. Dicha resolución afectó a 20 mil familias de todo el país. Actualmente se espera el dictamen del TSJ, indica el informe. FUENTE DIARIO EL UNIVERSAL Caracas Venezuela

BUENAS NOTICIAS AMBIENTALES desde CHILE

Asamblea en CHILE Santiago. Una ley de protección de glaciares actualmente en discusión en el Parlamento de Chile impondrá una nueva condición a proyectos mineros que en algunos casos será muy significativa, dijo este martes el regulador ambiental local. El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, dijo en una entrevista con Reuters que aunque la entidad limita su fiscalización a lo establecido por el permiso ambiental de las iniciativas, éstas deberán adecuarse a los cambios que discuten los legisladores. "En términos generales, obviamente la regulación de glaciares va a imponer una condición adicional a los proyectos, que creo que en algunos casos va a ser muy significativa", dijo Franz. La iniciativa legal de protección y preservación de glaciares fija reconocimiento legal a las distintas clases de estos cuerpos, los declara bienes nacionales de uso público y prohíbe constituir derechos de agua sobre ellos. Una vez aprobada la ley se podrán revisar, pero no revocar, todos los permisos vigentes y pedir nuevas medidas de mitigación a las empresas. Empresarios afirman que el marco regulatorio ambiental del país, que ha elevado la judicialización de proyectos por parte de grupos sociales, se está convirtiendo en un freno para multimillonarias inversiones. Varios proyectos en el mayor productor mundial de cobre se encuentran ubicados en las alturas de la Cordillera de Los Andes, incluyendo también yacimientos de oro. Actualmente la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) trabaja en una reformulación de sanciones por diversos incumplimientos contra el polémico proyecto aurífero binacional Pascua-Lama, enclavado en los Andes en la frontera con Argentina, y que actualmente se encuentra paralizado. Entre las múltiples denuncias que pesan sobre el proyecto, se le acusa de destruir glaciares cercanos, aunque en marzo un tribunal ambiental determinó que el proyecto de Barrick no los ha dañado. Otra iniciativa en altura es la ampliación de la mina Andina de la estatal cuprífera Codelco, que enfrenta a una creciente oposición de grupos sociales ante la preocupación por el impacto sobre glaciares y fuentes de agua en una zona cercana a la capital chilena. Mayor fiscalización. La SMA, con pocos de años de funcionamiento tras la aprobación de un nuevo marco regulatorio, ha lanzado importantes fiscalizaciones y sanciones a grandes proyectos mineros y energéticos que llevaron incluso a detenciones de actividad y fijación de planes de cumplimiento. Empresarios afirman que el marco regulatorio ambiental del país, que ha elevado la judicialización de proyectos por parte de grupos sociales, se está convirtiendo en un freno para multimillonarias inversiones. "Cumplir con la normativa ambiental no creo que alguien en su sano juicio puede decir que es un obstáculo para la inversión", afirmó Franz. Incluso, el funcionario consideró que el aumento en el rol fiscalizador de la SMA ha provocado un "círculo virtuoso", al permitir una mejoría en la gestión ambiental por parte de los desarrolladores. "Más que proyectos que van hacia un camino de inviabilidad o hacia un despeñadero, veo proyectos que en realidad quieren mejorar producto de la fiscalización", apuntó. Sin embargo, reconoció que actualmente aún "tenemos proyectos grandes con problemas, algunos serios", aunque declinó nombrar las iniciativas. Pese a que algunos grupos ambientalistas han criticado que el monto de las sanciones impuestas por el regulador pueden ser bajas en consideración con la magnitud de los daños provocados y las ganancias que obtienen anualmente las compañías, Franz se mostró satisfecho con el régimen actual. "No creo que nuestro marco sancionatorio sea en ese sentido limitado y que haya que aumentarlo. Creo que está bien, creo que es adecuado, creo que es el marco sancionatorio más alto de lo que hoy en día existe en Chile".

Statement on the 18th Round of Trans-Pacific Partnership Negotiations 07/25/2013 TPP Negotiators Press Ahead in Malaysia, Welcome Japan’s Entry Kota Kinabalu, Malaysia – Office of the United States Trade Representative Executive Office of the President | www.ustr.gov Office of Intergovernmental Affairs & Public Engagement | contactustr@ustr.eop.gov Officials reported today that they achieved further strong progress at the 18th round of Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations, which ended today, keeping their eyes fixed on the goal set by President Obama and the other TPP Leaders of concluding a high-standard, comprehensive agreement this year, while welcoming Japan’s entry into the negotiations. Through the TPP, the United States is seeking to advance a 21st-century trade and investment framework that will boost competitiveness, expand trade and investment with the robust economies of the Asia Pacific, and support the creation and retention of U.S. jobs, while promoting core U.S. principles on labor rights, environmental protection, and transparency. Following the guidance of the trade ministers from the United States and the other TPP countries prior to this round – Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, and Vietnam – the negotiating groups covering market access, rules of origin, technical barriers to trade, investment, financial services, e-commerce, and transparency reached agreement on a wide range of technical issues in the legal texts of these chapters, which set the rules that govern the conduct of their trade and investment relations. They also found common ground on issues that allowed them to make progress in the negotiating groups covering intellectual property, competition, and environment. In addition, each group developed a detailed plan for closing remaining issues and completing their work. The negotiators also moved ahead in their efforts to construct the ambitious packages that will provide access to their respective markets for industrial, agricultural and textile and apparel products, services and investment, and government procurement. They agreed on next steps and an overall plan for achieving these market access outcomes in the timeframe agreed by Leaders. Throughout the talks, negotiators reflected the wide range of views provided to them by their stakeholders on the best pathway to promote trade and investment, regional integration, and jobs in the United States and the other TPP countries. The TPP negotiations were temporarily adjourned on July 20 so the delegates could listen to and share information with more than 200 stakeholders from the United States and across the TPP region. Stakeholders also met informally with U.S. and other negotiators to provide further detailed information. U.S. chief negotiator Barbara Weisel and her fellow TPP chief negotiators also briefed stakeholders on the status of the negotiations and responded to their questions on specific issues and the process going forward. On July 23, the United States and the other TPP countries welcomed Japan as the 12th member of the negotiations, following the successful completion of the respective domestic procedures of the United States and the other existing TPP members. Japan received detailed updates on the status of the negotiations and participated actively in the work of the negotiating groups that were meeting on those dates, expressing its commitment to integrate quickly and smoothly into the process. With Japan’s entry, TPP countries now account for nearly 40 percent of global GDP and about one-third of all world trade. Ministers from the TPP countries have been in close touch on TPP over the past month. Over the past week, USTR Froman met in Washington with Vietnamese Trade Minister Hoang, Bruneian Trade Minister Pehin Lim, and Japanese Minister for the Economy, Trade and Industry Motegi, and spoke by phone with Director General Jana of Chile’s trade ministry (DIRECON) and Mexican Economy Minister Guajardo. Additionally, Ambassador Froman met with Vietnamese President Truong Tan Sang during President Sang’s visit to Washington, D.C. this week. Ambassador Froman and the other TPP ministers plan to engage regularly in the coming weeks ahead of the next round to find solutions to the sensitive issues that remain, guide the work of negotiators, and keep the negotiations moving expeditiously toward a high-standard outcome the TPP Leaders agreed to seek. The 19th round of TPP negotiations will be held in Brunei from August 22-30.

Lecciones del Plan Marshall para la crisis del Mediterraneo

Economic history Germany, Greece and the Marshall Plan Jun 15th 2012, 13:48 by Albrecht Ritschl | London School of Economics Albrecht Ritschl is professor of economic history at the London School of Economics and a member of the advisory board to the German ministry of economics. OLD myths die hard, and the Marshall Plan is one of them. In the New York Times of June 12th German economist Hans-Werner Sinn invokes comparisons with the Marshall Plan to defend Germany’s position against Eurobonds, the pooling of sovereign debt within the euro zone. His worries are understandable, but the historical analogy is mistaken, and the numbers mean little. All this unnecessarily weakens his case. Mr Sinn argues against Germany’s detractors that Marshall Aid to postwar West Germany was low compared to Germany’s recent assistance, debt guarantees etc. to Greece. While Marshall Aid cumulatively amounted to 4% of West German GDP around 1950 (his figure of 2% is too low but that doesn’t matter), recent German aid has exceeded 60% of Greece’s GDP, and total European assistance to Greece is now above 200% of Greek GDP. That makes the Marshall Plan look like a pittance. And it strips all the calls for German gratitude in memory of the Marshall Plan off their legitimacy. Or does it? What Mr Sinn is invoking is just the outer shell of the Marshall Plan, the sweetener that was added to make a large political package containing bitter pills more palatable to the public in Paris and London. The financial core of the Marshall Plan was something much, bigger, an enormous sovereign debt relief programme. Its main beneficiary was a state that did not even exist when the Marshall Plan was started, and that was itself a creation of that plan: West Germany. At the end of World War II, Germany nominally owed almost 40% of its 1938 GDP in short-term clearing debt to Europe. Not entirely unlike the ECB’s Target-2 clearing mechanism, this system had been set up at Germany’s central bank, the Reichsbank, as a mere clearing device. But during World War II, almost all of Germany’s trade deficits with Europe were financed through this system, just as most of Southern Europe’s payments deficits towards Germany since 2008 have been financed through Target-2. Incidentally, the amount now is the same, fast approaching 40% of German GDP. Just the signs are reversed. Bad karma, that, isn’t it. Germany’s deficits during World War II were mostly robbery at gunpoint, usually at heavily distorted exchange rates. German internal wartime statistics suggest that when calculated at more realistic rates, transfers from Europe on clearing account were actually closer to 90% of Germany’s 1938 GDP. To this adds Germany’s official public debt, which internal wartime statistics put at some 300% of German 1938 GDP. What happened to this debt after World War II? Here is where the Marshall Plan comes in. Recipients of Marshall Aid were (politely) asked to sign a waiver that made U.S. Marshall Aid a first charge on Germany. No claims against Germany could be brought unless the Germans had fully repaid Marshall Aid. This meant that by 1947, all foreign claims on Germany were blocked, including the 90% of 1938 GDP in wartime clearing debt. Currency reform in 1948—the U.S. Army put an occupation currency into circulation, and gave it the neutral name of Deutsche Mark, as no emitting authority existed yet—wiped out domestic public debt, the largest part of the 300% of 1938 GDP mentioned above. But given that Germany’s debt was blocked, the countries of Europe would not trade with post-war Germany except on a barter basis. Also to mitigate this, Europe was temporarily taken out of the Bretton Woods currency system and put together in a multilateral trade and clearing agreement dubbed the European Payments Union. Trade credit within this clearing system was underwritten by, again, the Marshall Plan. In 1953, the London Agreement on German Debt perpetuated these arrangements, and thus waterproofed them for the days when Marshall Aid would be repaid and the European Payments Union would be dissolved. German pre-1933 debt was to be repaid at much reduced interest rates, while settlement of post-1933 debts was postponed to a reparations conference to be held after a future German unification. No such conference has been held after the reunification of 1990. The German position is that these debts have ceased to exist. Let’s recap. The Marshall Plan had an outer shell, the European Recovery Programme, and an inner core, the economic reconstruction of Europe on the basis of debt forgiveness to and trade integration with Germany. The effects of its implementation were huge. While Western Europe in the 1950s struggled with debt/GDP ratios close to 200%, the new West German state enjoyed debt/ GDP ratios of less than 20%. This and its forced re-entry into Europe’s markets was Germany’s true benefit from the Marshall Plan, not just the 2-4% pump priming effect of Marshall Aid. As a long term effect, Germany effortlessly embarked on a policy of macroeconomic orthodoxy that it has seen no reason to deviate from ever since. But why did the Americans do all this, and why did anyone in Europe consent to it? America’s trauma was German reparations after World War I and the financial mess they created, with the U.S. picking up the bill. Under the Dawes Plan of 1924, Germany’s currency had been put back on gold but Germany went on a borrowing binge. In a nutshell, Germany was like Greece on steroids. To stop this, the Young Plan of 1929 made it riskier to lend to Germany, but the ensuing deflation and recession soon became self-defeating, ending in political chaos and German debt default. A repetition of this the Marshall Planners were determined to avoid. And the U.S. led reconstructions of Germany and Japan have become the classical showcases of successful liberal intervention. So does Greece, does Southern Europe need a Marshall Plan? Is Sinn right to say that Greece has already received one—or a 115-fold one, as he argues? The answer to first question may be yes, in the limited sense that a sweeping debt relief programme is needed. The answer to the second question is a resounding no. Greece has clearly not received a Marshall Plan, and certainly not 115 of them. Nor has anyone else. As far as historical analogies go, what Southern Europe received when included in the euro zone was closer to a Dawes Plan. And just like in Germany in the 1920s, the Southern Europeans responded with a borrowing spree. In 2010 we didn’t serve them a Marshall Plan either, but a deflationary Young Plan instead. This latter-day Young Plan is not even fully implemented yet. But we see the same debilitating consequences its precursor had around 1930: technocratic governments, loss of democratic legitimacy, the rise of political fringe parties, and no end in sight to the financial and economic crisis engulfing these states, no matter how many additional aid packages are negotiated. Woe if those historical analogies bear out. Europe should learn from history. But it needs to learn fast. There might be no recovery unless debts are reduced to manageable proportions. That is what ended the Great Depression in Europe in the 1930s, and that is what in all likelihood is needed again. Professor Sinn is right to resolutely ask for action on this, even if his take on the Marshall Plan is wrong.

ARGENTINA 2012 un impulso a la Vivienda popular

La presidenta, Cristina Fernández, anunció el plan de viviendas ProCrear para la construcción de 100 mil viviendas familiares para el primer año. Durante un acto en el Museo del Bicentenario, afirmó que va “a seguir como se hizo en 2009, impulsando políticas de inclusión”. En la oportunidad manifestó que “no es racional que la economía pueda crecer si se le restringe a la gente el acceso a todo”. Cristina Fernández de Kirchner anunció una línea de créditos para distintos segmentos sociales, en pesos y a tasa fija diferenciada por ingreso, y en el cual se dispondrán más de mil hectáreas de territorios fiscales. Se trata de un plan para la construcción de 400 mil viviendas en el plazo de los cuatro años, 100 mil de ellas en el primer tramo, según informó LaNación.com.ar. Cristina dijo que había un “atraso grueso en materia de viviendas”, en parte por el destino excesivo de fondos de los bancos privados a créditos para el consumo y no para vivienda. “Es notable la necesidad, y surge de una falta de política hipotecaria de parte de la banca privada, que usufructuó el consumo y las tarjetas de crédito, hijas de este modelo porque los que hemos impulsado la demanda agregada somos nosotros. (Pero) nos hubiera gustado que las formidables ganancias las hubieran dedicado también a la generación de nuevas viviendas”, señaló. La presidenta enfatizó que “esto no es para comprar viviendas hechas, sólo para construir viviendas nuevas”, porque si no se estaría “planteando la generación de una burbuja inmobiliaria y favoreciendo a las personas que quieren aprovechar para tener una nueva propiedad”. “Con esta medida hacemos política macroeconómica y política social. Ambas cosas deben combinarse con un Estado como sujeto económico activo frente a los problemas que tienen la sociedad y el mundo”, remarcó, en referencia al efecto multiplicador que tiene en la economía la industria de la construcción. Además, subrayó que “esto no se regala nada a nadie, (los beneficiarios) van a tener que pagar, parte de sus ingresos, y van a tener tasas de intereses de acuerdo a esos ingresos”, y anunció que “no habrá favoritismo, porque los sorteos de las tierras fiscales se harán a través de la Lotería Nacional”. “Estamos ofreciendo una gama de posibilidades de acuerdo a las posibilidades de cada argentino. Por eso digo que es el propio modelo el que ha hecho surgir la necesidad (habitacional) y somos nosotros mismos por eso los que les damos respuesta a esta necesidad”, añadió. Cristina relató que desde diciembre pasado se comenzó con la identificación de los terrenos fiscales, e informó que las Fuerzas Armadas es el sector del Estado con más terrenos disponibles, unas 800 hectáreas y se quejó de cierta “reticencia” de los militares a brindar datos sobre sus tierras fiscales. “Y de pronto te encontrás con una cancha de golf de 84 hectáreas en (la localidad de) Pacheco; me parece que eso no está acorde con el mundo que vivimos y las necesidades de los argentinos”, aseveró, y por eso dispuso la articulación de la Onabe (administradora nacional de bienes públicos), la Anses y la Secretaría de Obras Públicas. En el marco del programa, Cristina dijo que impulsará “acuerdos de precios con la madre de las industrias, que es la construcción, y sus segmentos como cemento, aluminio, madereras, etcétera”, para “evitar las avivadas de siempre”. La mandataria afirmó que gracias “al superávit de cuenta corriente” es que se pueden realizar estos planes y que con las malas noticias que vienen del mundo, especialmente la zona euro, “hay una clara necesidad de seguir como lo hicimos en 2009, impulsando políticas de inclusión”. “Entendemos que no es racional que la economía pueda crecer si se le restringe el acceso a todo a la gente”, remarcó, y que “tal cual viene el mundo vamos a necesitar mucho trabajo y compromiso para continuar luchando contra las desigualdades. No hay igualdad sin libertad y no hay libertad sin igualdad”. La presidenta brindó su discurso en cadena nacional minutos después de las 19 horas, y la precedieron el viceministro de Economía, Axel Kiciloff, y el director de la Anses, Diego Bossio, quienes expusieron los detalles del programa de viviendas Procrear.

AMERICA ECONOMIA opina sobre RIO + 20

Notas de gestión para Río + 20 A propósito de la celebración de la conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río+20, AméricaEconomía pasa revista al tema de la sostenibilidad. Algo que ya es más que una moda. Autor: Jennifer P. Roig 12/06/2012 A medida que se acerca el 20 de junio, fecha de la celebración en Río de Janeiro de la COP 17, o como se conoce más popularmente, Río+20, se agudiza el debate sobre el desarrollo sostenible. De un lado, los optimistas más comprometidos urgen a las autoridades mundiales para encuentrar soluciones a que el planeta resista el embate de más de 7 mil millones de humanos y de economías que necesitan crecer. Del otro, los escépticos esbozan una media sonrisa al sentenciar “que no llegarán a acuerdos, porque en el fondo la sostenibilidad es una moda pero nadie se toma en serio el peligro ni está dispuesto a cambiar”. La realidad, elusiva en sí misma, quizás esté en medio de las dos posturas. Por supuesto, aún falta mucha voluntad política y cambio de actitud de corporaciones y sociedad civil para lograr las metas de un desarrollo sostenible, pero también es cierto que desde hace un par de décadas hasta ahora, algo se ha avanzado al menos en conciencia sobre el tema. América Latina progresa con más lentitud que Europa o incluso EE.UU. Pero ya algunas legislaciones contemplan medidas que regulan el impacto de las corporaciones sobre sus entornos. También los ciudadanos exigen más responsabilidad de las compañías en su relación con las comunidades. "Hace diez años, las empresas empezaban a hablar de la responsabilidad social y de la sostenibilidad. Poco a poco, es un tema instalado en la agenda y ya se ve como algo estratégico", señala Gerardo Lozano, director del Centro para la Integración del Valor Económico y Social de la EGADE. Almudena de la Mota, directora ejecutiva de la Maestría Internacional en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa de la EOI, agrega que "se ha llegado un poco a la conclusión de no medir tanto qué rendimiento económico deviene directamente de políticas de desarrollo sostenible o responsabilidad corporativa, sino que no se acepta que no llevarlas a cabo sí implica un costo negativo económico y social, especialmente en períodos de crisis". Esta conciencia se traduce en la demanda por parte de las compañías de personal capacitado que sepa lidiar con los desafíos actuales, con los conocimientos que les permitan implementar estructuras y acciones que resulten en modelos de negocios y producción sostenibles en el tiempo. Para disponer de este tipo de profesionales, las universidades y escuelas de negocio tendrán que jugar su rol educativo y formar especialistas. En este sentido, AméricaEconomía indagó entre empresas y expertos académicos para configurar un panorama de las perspectivas de desarrollo de carrera para estos profesionales, y la evolución de acciones y pensamiento entre las empresas de la región. Sostenibilidad: qué es y cómo aplica Hace décadas el calentamiento global era aún asunto de debate científico, hoy sólo los fundamentalistas religiosos lo descartan porque en la Biblia leen que Dios prometió a Noé que aquel sería el último diluvio. Ante el consenso científico, la sociedad civil y la comunidad internacional presionan a los gobiernos para respaldar acciones que conduzcan a un desarrollo sostenible. Pero sostenibilidad es un término que sugiere muchas definiciones y posibilidades de aplicación. De la Mota lo define como "más dirigido a la parte del medioambiente. Aborda por ejemplo el desafío energético, las perspectivas del desarrollo socioeconómico, las implicaciones económicas y financieras, los lobbies, el diagnóstico de los impactos, el cambio climático en economías de bajos recursos y el management del ambiente corporativo y manejo de ciclos". Para distinguirlo de la responsabilidad social corporativa, la directora explica que esta se entiende como "más enfocada a la parte ética vinculada al área del negocio y la comunicación de la empresa, su gobernabilidad, reputación como parte de una estrategia empresarial". Cuando de llevar la teoría a la práctica se trata, persiste el mito de que un modelo sostenible de gestión es per se menos rentable. Sin embargo, un estudio del Boston Consulting Group confronta esta noción. En el reporte Potential Impacts of the New Sustainability Champions: How Management Can Change the World, se da cuenta de cómo empresas que actúan en economías emergentes con un modelo de gestión sostenible han sido capaces de situarse como punteras de su rubro de negocios. Compañías como la chilena Masisa, la brasileña Natura, o la costarricense Florida Ice & Farm han obtenido niveles de ingresos superiores que combinan con la aplicación de formas de producción más eficientes, ahorrativas, que producen beneficios no sólo para la organización sino para su entorno. Según Roberto Salas, gerente general de Masisa, "desde su fundación la filosofía de negocio de sus propietarios apuntaba a que el valor financiero debía ir junto a la generación de valor económico, social y ambiental. No creemos en generar un valor financiero a costa de pérdidas de valor social en las comunidades, o de algunos stakeholders, que no se sostendría a largo plazo. Al final del día, de no hacerlo de esta forma, los stakeholders pasan factura y el valor financiero se afecta". Masisa, que opera dentro de la industria de los tableros de fibras de madera para muebles y arquitectura de exteriores, ha diseñado una estrategia basada en cuatro pilares que le ha devuelto este triple beneficio. "Dos son operativos y buscan la eficiencia, y otros dos son de diferenciación. En este sentido, buscamos conectarnos más que otros actores de la competencia con el cliente final, que son sobre todo los pequeños y medianos mueblistas. Con ellos hemos creado una red que les permite intercambiar para aprender mutuamente, pero también los hemos incluido en una serie de beneficios, como seguros médicos y de accidentes y descuentos en farmacias, a los cuales no tendrían acceso de forma aislada. Además, ofrecemos capacitación de cómo mejorar el uso de los productos, lo cual los ayuda a convertirse en mejores micro emprendedores", explica Salas. En el caso de la compañía Florida Ice & Farm, de Costa Rica, productora de un amplio rango de bebidas, su directora de relaciones corporativas Gisela Sánchez dice que “desde 2008 la empresa tomó la decisión de fusionar sus estrategias de negocio y responsabilidad social para trabajar con la misma rigurosidad sobre las ventas, la participación en el mercado y la generación de utilidades, con la meta de reducir la huella ambiental y crear valor social”. Desde entonces, la empresa emite cero residuos y reutiliza y recicla hasta el 98,5% de estos, que procesa para la producción de energía. También mide la huella hídrica para reducirla al mínimo, y trata de devolver limpia al sistema hídrico la mayor parte del agua que usa para la producción. En ambos casos, las iniciativas sostenibles han reforzado la lealtad de los clientes o consumidores, beneficiando la preferencia por su marca. El aporte de las escuelas Beyond Grey Pinstripes es el nombre del ránking elaborado por el Aspen Institute para evaluar los programas de universidades y escuelas de negocios que más contribuyen a la formación de profesionales dentro de estos temas. Al explicar la relevancia de una iniciativa como esta, el Aspen Institute argumenta que en un escenario donde la práctica de negocios poco éticos ha impactado negativamente en la economía global y traído la crítica sobre la contribución social de las escuelas de negocio, el aporte de estos centros, al ofrecer este tipo de programas, ayuda a formar el tipo de profesional socialmente consciente en demanda actual. Una de las escuelas destacadas en el mismo es la mexicana EGADE. Gerardo Lozano explica la inclusión de la escuela por el trabajo que esta ha venido desarrollando. "Se trata de comunicar transversalmente en todo el MBA estas ideas de generar valores no sólo financieros, sino sociales y económicos". Otra escuela latinoamericana incluida en este ránking es la Universidad de los Andes en Colombia. Patricia Londoño, directora de las Maestrías en Gerencia Ambiental y Práctica del Desarrollo en esta universidad, comenta que el aumento de la oferta de programas es indicativo de que en Colombia el tema evoluciona, si acaso no tan rápido como debiera. "Hace 15 años quizás nadie demandaba estas especializaciones, de hecho durante los 90 aún no existían. Pero ya las empresas ven la necesidad de tener personas con un perfil profesional que les permite entender y enfrentar los desafíos en temas sociales y ambientales". Fuera de América Latina, la española IE University se destaca por su trabajo en este sentido. Aunque también opta por contaminar todos los programas con estas ideas, el que se orienta por excelencia a formar profesionales de este perfil es el Master in Environmental Management iniciado hace dos años. Lara Lázaro Touza, su directora académica, cuenta que "el motivo de su creación fue el incremento de la demanda de empresas por profesionales transdisciplinarios, o sea, personas con una formación que no sólo se limita a un conocimiento técnico o teórico sobre el tema, sino capaces de actuar y resolver problemas en entornos dinámicos y complejos. Por eso no sólo enseñamos a los alumnos a trabajar en equipos multiculturales y multidisciplinarios, o sobre habilidades de liderazgo, sino que les ofrecemos un marco conceptual que les ayude a resolver problemas de forma constructiva y creativa, de forma que tomen en cuenta aspectos de la sociedad, el medioambiente y la economía esenciales para cualquier negocio". De la Mota, refiriéndose a la contribución del EOI, observa que "caminamos hacia un modelo empresarial que necesita empleados comprometidos y leales, quienes estén en contacto con las demandas de la sociedad, la cual de manera creciente exige más responsabilidad ambiental, mejor gestión de productos, procesos, recursos y personas". Claro, cada contexto requiere de los profesionales competencias, conocimientos y habilidades específicas. Por ejemplo, las características de las legislaciones de los países varían. Mientras México aún no emite leyes específicas dirigidas a controlar a las empresas, según advierte Lozano, Londoño refiere que en Colombia la normatividad exige que "todas las empresas tengan un área dedicada a la gestión ambiental". Perspectivas profesionales La decisión de que estudiar una carrera o una especialización es una de las más aventuradas y riesgosas que toma una persona. Contar con información sobre las perspectivas laborales y de empleo en los posibles ámbitos de su elección, puede ser el factor determinante en esa decisión. En el campo de la evolución de la sostenibilidad como elección de modelo de gestión, Lara Lázaro Touza comenta que, entre para motivar los debates con los alumnos del programa, se usan reportes emitidos por importantes organismos internacionales como la OIT y la ONU sobre la probable evolución del sector de cara a futuro. La directora de la maestría hace referencia a que en general, se indica que ese mercado se duplicará en volumen en relación a las cifras correspondientes al período 2000-2010, con un valor a nivel internacional que crecerá hasta los 2.200 millones de Euros. En cuanto a los sectores que necesitarán más profesionales, aunque variará de acuerdo a la región geográfica, los principales serán los de eficiencia energética, las consultoras, la construcción verde, las instituciones internacionales y también los gobiernos. Solamente dentro del rubro de las energías renovables, se estima una creación de 20,4 millones de puestos de trabajo. Actualmente, dentro del concierto de empresas que operan en América Latina, tanto Lozano como Londoño coinciden en que las compañías que buscan más profesionales de este perfil son aquellas vinculadas a mercados internacionales. "Sí creo que en otras regiones se ve mayor conciencia sobre el tema, y a niveles normativos están más avanzados. Europa nos lleva años de ventaja desde el punto de vista legislativo y las inversiones en economía verde, pero también en lo relacionado con la educación del consumidor. EE.UU. también ha empezado antes que nosotros a formular normas de prevención de contaminación, etc. Mientras América Latina se pone al día pero aún falta camino por recorrer".