VIVIENDA en VENEZUELA OPINIONES COLLAGE

El propósito de obtener una vivienda propia para una familia de clase media en Venezuela, ha pasado de ser un plan de vida tangible, a un sueño casi inviable para un alto porcentaje de esa población. En enero del año 2015, el promedio del costo del metro cuadrado de una vivienda en el Área Metropolitana de Caracas era de 252.851 bolívares y para junio de este año alcanzaba a 603.368 bolívares, un aumento superior a 100%. Esto quiere decir, que el promedio del costo de las viviendas que están en oferta en la Gran Caracas, es de 60 millones de bolívares. El estimado corresponde a las cifras promedio que maneja la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de acuerdo a la oferta que existe en el mercado inmobiliario durante el primer semestre de 2015. Un apartamento en la parroquia La Candelaria puede costar aproximadamente entre 40 a 50 millones de bolívares, mientras en urbanizaciones del este, entre 200 y 600 millones, en tanto que otras opciones de mayor nivel, que no se publican, se tasan en dólares. En el marco de las distorsiones que se han generado en la economía venezolana, la situación de la vivienda registra una serie de factores que hacen muy compleja esta área fundamental para el desarrollo de las ciudades. Aquiles Martini, quien hasta hace poco presidió la Cámara Inmobiliaria y actualmente encabeza la Comisión de Infraestructura y Vivienda de Fedecámaras, identifica una serie de aspectos que han generado la actual situación en los que se suman: la alta inflación, escasez de materias primas, leyes que limitan la inversión inmobiliaria, el déficit en la construcción de viviendas, falta de planificación urbana y las intervenciones sobre promotores y constructores Un elemento que contribuye a la poca oferta de inmuebles, ha sido también la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda aprobada en 2011. En 1998 las viviendas en alquiler representaban 30% de la demanda residencial, mientras que en 2015 es menos de 1%, según cifras que maneja la Asociación de Propietarios de Inmuebles. En la actualidad se procesan 45 mil juicios de inquilinato y 11 mil procedimientos administrativos, la mayoría de las causas es por incumplimiento de pago de los inquilinos y la negativa a abandonar el inmueble. Vale destacar que 65% de los inmuebles de vivienda arrendados en la actualidad se encuentran en sectores populares. El déficit Las necesidades habitacionales, cuando se inicia el gobierno bolivariano en 1999 era de un millón 900 mil viviendas. A partir de 2009, con el programa Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el déficit llegaba a 2 millones 700 mil viviendas, mientras que para 2015 está llegando a 2 millones 900 mil viviendas. Ese déficit se incrementó, a pesar del gran volumen de unidades construidas entre 2011 y 2014 por el sector público a partir de la GMVV. Según explica Martini, al déficit que se arrastraba se le suman las necesidades de nuevas viviendas que se generan por el crecimiento anual de la población en el país que demanda de 120 unidades nuevas por año. De acuerdo a las cifras oficiales recopiladas por la CIV, basadas en los informes del BCV, INE y Cámara de la Construcción, entre 2011 y 2015, se construyeron en Venezuela 718.414 viviendas. Hay que destacar que ese monto significativo por el aporte de las viviendas construidas por GMVV, incluye lo aportado por el sector privado. Sin embargo, precisa Aquiles Martini, que a las cifras que ofrece el BCV sobre construcción de viviendas, se fue modificando a partir de 2009 y a la data se le agregaron las viviendas remodeladas que forman parte de programas sociales como Barrio Tricolor, sustitución de ranchos por casas, programas manejados por los Consejos Comunales, con la data que aportan esos organismos. De tal manera que en la cifra no se discrimina ese tipo de programas de aquellas que son realmente nuevas viviendas. Las estimaciones para obtener la cifra real de nuevas viviendas, de acuerdo a cálculos de la CIV, habría que restar aproximadamente dos terceras partes de la cifra total, lo cual reduciría la cifra en 400 mil viviendas aproximadamente. Sector privado La Cámara Inmobiliaria registra 18 trimestres consecutivos de caída en la construcción de viviendas nuevas del sector privado. De cerca de 70 mil viviendas que construía el sector privado en promedio en años anteriores, en 2014 apenas se lograron construir 15 mil viviendas. Explica Martini que además hay que tomar en cuenta que muchos de los urbanismos que se suman a las viviendas construidas en ese año, ya habían sido desarrolladas en años anteriores y sostiene que en 2015 la cifra de construcción privada será aún más baja. De acuerdo a los registros de la Cámara de la Construcción, la caída del sector en el primer semestre de 2015 es de 25%. Al revisar los números de la GMVV también se observa una caída a partir de 2014 cuando se construyeron 126 mil unidades (público y privado) mientras en lo que va de 2015 la producción hasta el 28 de julio era de 44.293 viviendas, sumando ambos sectores. A juicio de Aquiles Martini uno de los factores que generó esta caída en el sector privado, además de la falta de materias primas como la cabilla que proviene de Sidor y el cemento, cuya producción igualmente está en manos del Gobierno, han sido las intervenciones de los proyectos privados y las leyes regulatorias. Una de estas leyes, la Ley contra la Estafa Inmobiliaria aprobada en 2012, según opina el especialista, parte de la mala fe hacia el promotor y el constructor y contiene una serie de enunciados que hacen inviable la construcción de viviendas. Esta ley regula toda la aparte de construcción de viviendas, los precios, las fórmulas en que se pide el dinero, y hace al constructor el responsable penal de los retrasos que puedan ocurrir, así por ejemplo, tengan su origen en la falta de insumos. Según la CIV la falta de insumos también está vinculada a la caída de la producción que ha afectado a Sidor, que de 4,5 millones de toneladas que producía en 2008 cuando no había sido estatizada por el Gobierno, en 214 se reportó una producción de un millón de toneladas, y este año está reportando una caída mayor. Esa caída también ha afectado la producción del sector público. Precios tope Otro aspecto que destaca Martini es que se le puso un techo al valor de la vivienda que el Gobierno le reconoce al sector privado, por ejemplo, en el plan "0800 mi hogar" se establece un tope de una banda que va desde 747 mil bolívares hasta un millón 250 mil bolívares. "Obviamente que construir a esos precios a la realidad de hoy resulta inviable" señala. Para explicarlo, Martini pone como ejemplo que un ascensor que se calculó a 6,30 por dólar ahora hay que pagarlo a precio del mercado paralelo. Una cabilla que está regulada en 10 bolívares el kilo ahora hay que pagarla en el mercado negro en 10 a 15 veces más del valor regulado. Lo mismo sucede con el cemento, con los componentes para el baño, con los cables, tuberías etc. Aún así, partiendo de que existiese una vivienda a un costo de un millón de bolívares, según los precios del Gobierno, un comprador con ingresos medio, podría obtener un crédito máximo de 500 mil bolívares, pero entonces tendría que poner de su bolsillo otros 500 mil bolívares, precisa Martini. El tope máximo que presta la banca pública a través de los fondos propios de la cartera de la banca son 3 millones de bolívares. Pero el solicitante debe ganar 15 salarios mínimos, esto es 120 mil bolívares mensuales, y solamente 2% de la población tiene ese salario, según el INE. "La vivienda tiene un precio referencial y es el activo más importante de la familia venezolana y la tiende a valorizar o bien en moneda extranjera que hoy es legal o en su valor de reposición. Entonces nadie va a vender su casa en un bolívar si la nueva le va a costar tres bolívares". Expropiaciones El domingo 31 de octubre de 2010, a través del programa "Aló Presidente", el fallecido presidente Hugo Chávez anunció la expropiación de varios urbanismos privados en todo el país que se encontraban en proceso de construcción y preventa. Un informe elaborado por el investigador y experto en políticas públicas en materia de vivienda, Miguel Méndez Rodulfo, explica en un informe elaborado sobre ese proceso expropiatorio que "mediante varios decretos, emitidos en noviembre y diciembre de ese año, se fueron afectando, primero los urbanismos denunciados en la alocución presidencial y luego otros conjuntos, hasta que finalmente sumaron 57 desarrollos los que fueron objeto de esta medida". "La expropiación comprendió medidas de ocupación temporal de las sedes administrativas de las empresas y multa de 5.000 unidades tributarias. En los hechos, la expropiación significó la confiscación de los lotes de terrenos, edificios de viviendas, áreas comunes, almacenes, depósitos, oficinas, maquinarias, materiales, equipos y vehículos, cualesquiera otros bienes muebles o inmuebles, maquinarias, equipos industriales y de oficina, implementos de trabajo y otros materiales dispuestos para la construcción del desarrollo mencionado" indica el informe del especialista. Uno de los argumentos expuestos por el Presidente Chávez, era que: "Esos desarrollos están paralizados y la gente ya pagó, ahora nosotros expropiamos, vamos a terminarla, vamos a readecuar los precios, vamos a multar estas empresas y vamos a entregarlas". En su intervención expresó: "Ordené a la Fiscalía General de la República, para que actúe de inmediato contra las empresas involucradas en las estafas, congele cualquier bien o cuenta bancaria, para evitar su movilización y garantizar que las personas que han depositado sus recursos puedan recuperar su dinero". El informe de Méndez indica que la mayoría de los urbanismos estaban avanzados en 75% y los compradores de esos conjuntos habrían de esperar al menos un año y medio para finalmente recibir su vivienda. En junio de 2014, muchos propietarios de la clase media y media-baja, con opción para adquirir vivienda en los urbanismos intervenidos, entre 2010 y 2013, introdujeron un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitando la acción de nulidad de la Resolución 061. Dicha resolución afectó a 20 mil familias de todo el país. Actualmente se espera el dictamen del TSJ, indica el informe. FUENTE DIARIO EL UNIVERSAL Caracas Venezuela

MARKETING and BRANDING para un pais

Les comparto un interesante ensayo de; tema PANAMA referido al posicionamiento de un país como MARCA, conceptos que podemos traspolar a otras realidades geopolíticas===> La marca país no es de un gobierno. Como es imprescindible hacerlo para cualquier producto comercial, se debe definir una única marca país que perdure más allá de cada periodo presidencial, como una política de Estado. EDITORIAL En una corporación seria a nadie se le ocurriría cambiar el nombre comercial de la empresa, su marca y otros elementos de identidad, con cada cambio de gerente. Sin embargo, eso es lo que hacen en general los países centroamericanos. La principal causa de ello es que cada Ministro o Secretario o Director de turismo que llega al cargo cree saber qué le conviene al país, lo que generalmente difiere de lo que creía saber el jerarca del gobierno anterior. El caso de Panamá ilustra claramente la necesidad de que no sean los gobernantes de turno, sino las entidades de largo plazo como las gremiales empresariales, las que definan para muchos años, la marca país y las frases y señales distintivas que debe llevar cada producto que se pretenda vender al resto del mundo, sea un alimento, una máquina, una prenda de vestir, o especialmente el turismo, que es la industria que más depende de una identificación de país sugerente y bien definida. El caso Panamá, en artículo de Capital.com Primero fue "Where the World Meets", de la administración Martinelli, luego "Panamá The Way". Los cambios que con cada gobierno se producen en la estrategia de posicionamiento del país como destino de inversiones y turismo a nivel mundial, perjudican seriamente los esfuerzos que se hacen a nivel privado para generar inversiones y alianzas comerciales. Empresarios estadounidenses y panameños agremiados en el Consejo Empresarial Estados Unidos-Panamá (Uspa), consideran que se debe definir una única y verdadera marca país que sirva como base de la promoción a nivel internacional. Ahora que no se está utilizando ningún slogan o marca país, Uspa " ha solicitado al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) iniciar nuevamente el proceso para la definición de una verdadera marca país." A juicio de Iván Carlucci, presidente de Uspa, "... para fortalecer la oferta exportable del país, Panamá necesita desarrollar una marca país que cuente con una estrategia de promoción para no menos de 20 años, tal como lo han hecho nuestros vecinos colombianos y costarricenses, quienes han logrado definir una marca que les ha ayudado a posicionar a sus productos agropecuarios e industriales en los mercados internacionales. 'Nosotros no tenemos una identidad propia, ni una marca país. Nosotros no sabemos si el símbolo de nuestro país es un colibrí, una guacamaya, el Canal de Panamá, el Museo de la Biodiversidad o simplemente la bandera y eso se debe a que la política de marca país cambia cada cinco años'." Fuente: Capital.com.pa

BUENAS NOTICIAS AMBIENTALES desde CHILE

Asamblea en CHILE Santiago. Una ley de protección de glaciares actualmente en discusión en el Parlamento de Chile impondrá una nueva condición a proyectos mineros que en algunos casos será muy significativa, dijo este martes el regulador ambiental local. El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, dijo en una entrevista con Reuters que aunque la entidad limita su fiscalización a lo establecido por el permiso ambiental de las iniciativas, éstas deberán adecuarse a los cambios que discuten los legisladores. "En términos generales, obviamente la regulación de glaciares va a imponer una condición adicional a los proyectos, que creo que en algunos casos va a ser muy significativa", dijo Franz. La iniciativa legal de protección y preservación de glaciares fija reconocimiento legal a las distintas clases de estos cuerpos, los declara bienes nacionales de uso público y prohíbe constituir derechos de agua sobre ellos. Una vez aprobada la ley se podrán revisar, pero no revocar, todos los permisos vigentes y pedir nuevas medidas de mitigación a las empresas. Empresarios afirman que el marco regulatorio ambiental del país, que ha elevado la judicialización de proyectos por parte de grupos sociales, se está convirtiendo en un freno para multimillonarias inversiones. Varios proyectos en el mayor productor mundial de cobre se encuentran ubicados en las alturas de la Cordillera de Los Andes, incluyendo también yacimientos de oro. Actualmente la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) trabaja en una reformulación de sanciones por diversos incumplimientos contra el polémico proyecto aurífero binacional Pascua-Lama, enclavado en los Andes en la frontera con Argentina, y que actualmente se encuentra paralizado. Entre las múltiples denuncias que pesan sobre el proyecto, se le acusa de destruir glaciares cercanos, aunque en marzo un tribunal ambiental determinó que el proyecto de Barrick no los ha dañado. Otra iniciativa en altura es la ampliación de la mina Andina de la estatal cuprífera Codelco, que enfrenta a una creciente oposición de grupos sociales ante la preocupación por el impacto sobre glaciares y fuentes de agua en una zona cercana a la capital chilena. Mayor fiscalización. La SMA, con pocos de años de funcionamiento tras la aprobación de un nuevo marco regulatorio, ha lanzado importantes fiscalizaciones y sanciones a grandes proyectos mineros y energéticos que llevaron incluso a detenciones de actividad y fijación de planes de cumplimiento. Empresarios afirman que el marco regulatorio ambiental del país, que ha elevado la judicialización de proyectos por parte de grupos sociales, se está convirtiendo en un freno para multimillonarias inversiones. "Cumplir con la normativa ambiental no creo que alguien en su sano juicio puede decir que es un obstáculo para la inversión", afirmó Franz. Incluso, el funcionario consideró que el aumento en el rol fiscalizador de la SMA ha provocado un "círculo virtuoso", al permitir una mejoría en la gestión ambiental por parte de los desarrolladores. "Más que proyectos que van hacia un camino de inviabilidad o hacia un despeñadero, veo proyectos que en realidad quieren mejorar producto de la fiscalización", apuntó. Sin embargo, reconoció que actualmente aún "tenemos proyectos grandes con problemas, algunos serios", aunque declinó nombrar las iniciativas. Pese a que algunos grupos ambientalistas han criticado que el monto de las sanciones impuestas por el regulador pueden ser bajas en consideración con la magnitud de los daños provocados y las ganancias que obtienen anualmente las compañías, Franz se mostró satisfecho con el régimen actual. "No creo que nuestro marco sancionatorio sea en ese sentido limitado y que haya que aumentarlo. Creo que está bien, creo que es adecuado, creo que es el marco sancionatorio más alto de lo que hoy en día existe en Chile".

COSTA RICA REVISA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS del GOBIERNO

Costa Rica El país que alguna vez tuvo la mejor institucionalidad en Centroamérica ahora contrata a una agencia de Naciones Unidas creada especialmente para solucionar problemas en países carentes de ella. Jueves 18 de Junio de 2015 Con total desparpajo, altos funcionarios responsables de la infraestructura pública justifican la adjudicación de proyectos a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), señalando que de esa forma se evita el control que ejerce la Contraloría General de la República sobre la adjudicación y ejecución de los contratos del Estado. En artículo en Nacion.com se reseñan declaraciones de Andrea Soto, directora de la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI): “Ellos (UNOPS) aplican sus propias normas de contratación que tienen los mismos principios de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a divulgación, transparencia, oportunidad de participación, pero no pasan por la Contraloría”. Los responsables de la infraestructura de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) también evalúan delegar sus responsabilidades en la UNOPS: “Nosotros estamos evaluando una opción con la gente de Naciones Unidas para ver si es posible acortar los tiempos de licitación”, explicó la gerente Gabriela Murillo. “Es un tema que apenas estamos evaluando para ver si ellos nos pueden dar alguna alternativa que resulte ventajosa para la Caja, sobre todo alternativas para bajar plazos. Ellos tienen un mecanismo de contratación mucho más ágil”. De esta forma el país no solo resigna soberanía al delegar el control de la ejecución de gastos del Estado en organizaciones ajenas a su institucionalidad, sino que invierte cuantiosos recursos para pagar esos servicios: la UNOPS cobra el 4% del monto total de los proyectos que administra. Franz Kafka aplicaría su lúcida visión sobre este escenario señalando la conveniencia del cierre de la Contraloría General, porque sus servicios ya no son necesarios, y por supuesto la del CONAVI y la de la Gerencia de Infraestructura de la CCSS, por la misma razón. Siguiendo esta línea de razonamiento, por qué no cerrar la misma Caja Costarricense del Seguro Social, y que del cuidado de la salud de los costarricenses se ocupe también la UNOPS. Y vamos aún más allá, recomendaría Kafka: ¿por qué no despedir a todo el gobierno de la República, y darle la administración del país a esa agencia de la ONU? Los funcionarios públicos, no importa el cargo que ocupen o la función que desempeñen, deben ganarse su sueldo cumpliendo efectivamente con las responsabilidades por ejercer las cuales lo cobran. Si no pueden hacerlo, no importa si es por su propia ineptitud o la de otros, deben renunciar.

CUMBRE CELAC=UE 2015

El SELA presenta documento para la II Cumbre CELAC-UE Oficina de Prensa y Difusión del SELA Caracas, 10 de junio de 2015.- La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), en concordancia con las directrices del Consejo Latinoamericano y de las Decisiones y Planes de Acción de la CELAC, ha preparado y hecho llegar a los Países Miembros del SELA el documento sobre “Las relaciones económicas y de cooperación de América Latina y el Caribe con la Unión Europea”, con miras a la “II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea” que se celebra a partir de esta fecha en Bruselas. El documento, elaborado por la Secretaría Permanente, complementa y actualiza el informe de base preparado en noviembre de 2014, el cual fuera objeto de una Reunión regional de seguimiento y análisis de la situación económica de la Unión Europea y su impacto en los países de América Latina y el Caribe, en la sede del SELA con la participación de la Señora Embajadora Aude Maio-Coliche, Representante de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela. De esta forma, la Secretaría Permanente pone a la disposición de sus Países Miembros y de los Estados de la Organización del Caribe Oriental -OECO- que, conjuntamente, conforman la membresía de la CELAC, una evaluación sistemática del estado de las relaciones económicas, financieras y sociales entre las dos regiones a la fecha, haciendo énfasis en los puntos de principal significación de la agenda de II Cumbre CELAC-UE, con el propósito de contribuir a la definición de las posiciones latinoamericanas y caribeñas en el evento en curso. El informe realizado en 2014, señala que en los últimos años la relación birregional ha evolucionado en el contexto de la persistente crisis económica europea, destacando diversos signos de la incipiente recuperación del viejo continente, entre los cuales destacan la depreciación del euro y la drástica caída de los precios del petróleo. La nota de actualización realizada en 2015 reafirma los pronósticos de lento crecimiento económico para la UE. Los informes argumentan que frente a los problemas estructurales que frenan el incremento de la productividad y afectan el crecimiento en ambas regiones, es imprescindible implementar políticas públicas que coadyuven a restablecer la confianza y promuevan la eficiencia económica y la formación de expectativas favorables, al tiempo que permitan la progresiva reducción del desempleo y respalden la recuperación de la demanda agregada a través de políticas fiscales y monetarias expansivas. En el presente marco de crecimiento moderado en ambas regiones, la UE y los países de la CELAC cuentan con incentivos para procurar la optimización de las relaciones birregionales económicas y de cooperación. En tal sentido, los países de la región podrían obtener importantes beneficios, como se señala en el informe de 2014, a través de la proliferación de iniciativas de varias naciones europeas para mantener e incluso incrementar la intensidad de sus relaciones comerciales, financieras y de inversiones directas con los países de la CELAC. El estudio evalúa el contexto en el que han evolucionado las negociaciones birregionales en la fase final de la preparación de la Cumbre de Bruselas. Asimismo, el documento analiza los hechos más importantes acaecidos recientemente en lo que respecta a las iniciativas de cooperación entre las dos regiones. En tal sentido, el estudio presta especial atención a los posibles efectos del Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión para América Latina y el Caribe. Los documentos preparados por el SELA como aporte para la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea enfatizan la importancia fundamental de abrir canales para el continuo diálogo CELAC-UE con el fin de avanzar posiciones sobre las necesidades de reforma de la deficiente arquitectura financiera internacional.

CORTE la HAYA: Perú logra zona económica a partir de las 80 millas y Chile afianza límite terrestre

Fallo de La Haya: Perú logra zona económica a partir de las 80 millas y Chile afianza límite terrestre La sentencia de la Corte Internacional de Justicia entregada este lunes por el presidente del organismo, el juez Peter Tomka, estableció la existencia de una frontera en la "en el paralelo que se extiende por unas 80 millas náuticas" a partir del Hito 1 y quebró la línea estableciendo una línea equidistante hacia el sur, otorgándole una porción de mar a Perú. Así, la corte acogió dos de los alegatos chilenos: el Hito 1 y la existencia de una frontera que pasa por el paralelo. Sin embargo, consideró que la frontera no se extendía por 200 millas como alegaba Chile, así es que la quebró y extendió una línea equidistante hacia el sur, otorgándole a Perú unos 22.500 kilómetros de mar de la zona económica chilena, según los expertos. Tomka comenzó a leer la resolución haciendo un resumen de la demanda y aseguró que el argumento de Chile de que el tratado de 1952 determina una frontera "no convence a la corte". "La firma de la Declaración de Santiago de 1952 por parte de Chile y Perú no llevó a cabo una delimitación marítima general", leyó Tomka. La CIJ aseguró que el acuerdo de 1954 se aplica también a Chile y no sólo a Ecuador como aseguraba Perú. Los jueces consideran que en el acuerdo de 1954 da cuenta de un "acuerdo tácito" entre Chile y Perú sobre una frontera marítima, pero que no hay detalles de cómo se convino ni de su extensión. La corte asegura que en los barcos pesqueros de ambos países reconocían el paralelo como una frontera que ya estaba definida desde 1954. Esto da cierto punto de apoyo al punto de vista sobre la frontera, aunque no es relevante respecto a su existencia. Sin embargo, la corte cree que es "poco probable que se haya establecido un límite en el paralelo que llegara a 200 millas" y que la práctica de la pesca de esos tiempos llegaba a "a no más de 80 millas náuticas". La Corte también comenzó la propuesta chilena para una salida al mar de Bolivia y se refiere al memorando de Perú de 1986 que reconocería una frontera marítima. La CIJ cree que los arrestos de pescadores peruanos, sin reclamos de Lima, favorecen la postura chilena pero no la considera relevante. Por todo lo anterior la corte estableció la "existencia de una línea marítima en el paralelo que se extiende por unas 80 millas náuticas". Resolución: Finalmente la corte estableció: -Límite marítimo comienza del Hito 1 (por 15 votos a 1). -Que la frontera sigue el paralelo. -Que la frontera se extiende por 80 millas (por 10 votos a 6) -Que a partir del punto A (80 millas) continuará en una línea equidistante hacia el sur hasta que se tope con las 200 millas de territorio chileno (por 10 a 6). -Que no procede sobre el segundo punto del alegato de (15 a 1). Perú pidió en su demanda de 2008 que se estableciera el límite marítimo con Chile en una línea equidistante a las costas de ambos países, con el argumento de que nunca ha sido fijado, lo que le otorgaría hasta 38.000 kilómetros cuadrados de mar que hasta ahora están bajo soberanía chilena. Chile, que defendía el hasta hace poco límite vigente, sostuvo que la delimitación sí estaba fijada en dos tratados suscritos en 1952 y 1954, que Perú alega que son solo acuerdos pesqueros. Perú también había solicitado a la Corte que reconociera sus derechos soberanos sobre un "triángulo externo" de más de 28.000 kilómetros cuadrados que estaría dentro de las doscientas millas marinas de sus costas y que Chile considera como alta mar.

Ambos gobiernos habían declarado con anterioridad a la lectura del fallo que acatarán el dictamen que se dictará en La Haya, que es inapelable y de cumplimiento obligatorio para las partes.

La burocracia regional frena el desarrollo La pesada burocracia de los gobiernos centroamericanos entorpece el transporte de mercaderías, agregando costos al comercio regional. Miércoles 24 de Julio de 2013 FALLAS ESTRUCTURALES PARA SER CORREGIDAS En Guatemala por ejemplo, queda en evidencia la ineficiencia pública en resolver y ejecutar con facilidad los trámites, pues actualmente se encuentran abiertos expedientes en contra de 36 mil transportistas, “algo que nadie podrá actualizar, por lo engorroso que sería poner al día esa documentación, pero lo peor es que muchos de esos expedientes fueron mal documentados porque correspondían a infracciones de vehículos que luego quedaron fuera de circulación…”, reseña el editorial publicado por Prensalibre.com. Los transportistas llevan más de un año negociando con los gobiernos para poder trabajar con mayor libertad, pero sus inquietudes parecen no haber sido escuchadas porque aún siguen esperando soluciones, situación que los lleva a tomar medidas para hacer que los gobiernos dejen de entorpecer las labores, “cuando sería mucho más rentable agilizar el esclarecimiento de esos casos, unificar criterios y permitir que el comercio recobre su dinámica”. “Sería lamentable que se paralice el transporte en alguna de nuestras fronteras, porque los reclamos de los empresarios parecen ser justos y no escucharlos abonará en entorpecer el comercio regional, pues se estima que por nuestras fronteras pasan a diario casi mil tráileres, pero al margen de los procesos burocráticos también hay que tomar en cuenta que las trabas arancelarias que se les imponen a estos también se están volviendo más onerosas, y a ello hay que sumar la inseguridad que afrontan en la región”.

Concesiones petroleras en mares en litigio Nicaragua publicó un mapa ofertando áreas marítimas para explotación de hidrocarburos que son reclamadas como propias por Costa Rica. Martes 23 de Julio de 2013 En la nota de protesta enviada por el gobierno costarricense al de Nicaragua, se expresa que Costa Rica "no reconoce ni reconocerá efecto o derecho alguno producto de las concesiones que otorgue o haya otorgado Nicaragua, ni acepta que se deriven o se creen derechos a terceros, sean Estados, otros sujetos de derecho internacional o empresas o ciudadanos de cualquier país, que reclamen derechos de cualquier naturaleza sobre esas áreas. Costa Rica se reserva el derecho de tomar, y tomará, cualquiera y toda acción judicial, tanto local como internacionalmente, contra cualquier reclamo de derechos que se haga en relación con esos espacios, o con los recursos, vivos y no vivos, ahí existentes". Del comunicado de la Cancillería de Costa Rica: Costa Rica denuncia que concesiones petroleras ofrecidas por Nicaragua transgreden espacios marítimos nacionales y eleva enérgica protesta. 22/07/2013 11:57 AM Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica Costa Rica denunció que una importante cantidad de bloques o áreas de concesiones petroleras ofertadas por Nicaragua, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe “se encuentran en espacios marítimos de la República de Costa Rica”, un hecho “muy grave” por lo que hoy, ha elevado ante el Gobierno de Managua, su “más enérgica protesta”. El Gobierno de Costa Rica solicitó “el retiro inmediato” del material mediante el cual Nicaragua promociona el ofrecimiento de bloques o áreas de exploración y explotación petrolera contenido en el documento denominado Petroleum Promotional Folder of Nicaragua”, producido por el Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, y fechado en el año 2012. También, en la nota de protesta, firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo y remitida al Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos, “exige a Nicaragua no hacer concesiones para la exploración o explotación de bloques o áreas marítimas, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe, que transgredan espacios marítimos pertenecientes a Costa Rica”. En la nota, que fue entregada hoy en San José, a las 10.56 horas, a un funcionario de la Embajada de Nicaragua, se detalla que en el mencionado documento, aparece un mapa donde se indica la ubicación de los bloques o áreas petroleras ofertadas y donde es “claramente visible que una importante cantidad de esos bloques o áreas ofertadas por Nicaragua se encuentran en espacios marítimos de la República de Costa Rica, de conformidad con el Derecho Internacional”. Costa Rica recordó que el 26 de agosto de 2002, objetó una acción similar de Nicaragua, e invitó a ese país a iniciar un proceso de negociación de límites marítimo. “Es claro que la publicación del referido material promocional petrolero del año 2012, y la información allí contenida, transgrede seriamente espacios marítimos que pertenecen a Costa Rica”, insistió el Gobierno de San José. Recordó que contrario a lo ocurrido en el año 2002, en la presente ocasión, “Nicaragua no ha querido alertar a los potenciales oferentes de que sus límites no están definidos en relación con Costa Rica, o que bloques o áreas ofertadas pertenecen o son reclamados por Costa Rica”. El texto de la nota de protesta agrega que “a pesar del inicio del proceso de negociación de límites marítimos propuesto por Costa Rica y que fuera suspendido unilateralmente por Nicaragua en el año 2005, y del hecho que Costa Rica recientemente haya nuevamente propuesto retomar tales negociaciones, la conducta (del Gobierno de Nicaragua), de hacer ofrecimientos para la exploración y explotación petrolera de espacios marítimos pertenecientes a Costa Rica es muy grave”. “En consecuencia, mi país presenta la más enérgica protesta por estos hechos, y solicita a la República de Nicaragua el retiro inmediato del referido material promocional. Asimismo, exige a Nicaragua no hacer concesiones para la exploración o explotación de bloques o áreas marítimas, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe, que transgredan espacios marítimos pertenecientes a Costa Rica”, dice el texto de la nota. Al mismo tiempo, Costa Rica advirtió que “no reconoce ni reconocerá efecto o derecho alguno producto de las concesiones que otorgue o haya otorgado Nicaragua, ni acepta que se deriven o se creen derechos a terceros, sean Estados, otros sujetos de derecho internacional o empresas o ciudadanos de cualquier país, que reclamen derechos de cualquier naturaleza sobre esas áreas. Costa Rica se reserva el derecho de tomar, y tomará, cualquiera y toda acción judicial, tanto local como internacionalmente, contra cualquier reclamo de derechos que se haga en relación con esos espacios, o con los recursos, vivos y no vivos, ahí existentes”. Paralelamente, el Gobierno de Costa Rica divulgó una nota, que será entregada por las Embajadas de Costa Rica a las distintas cancillerías, dirigida a asociacionespetroleras, empresas petroleras, y Estados, haciendo ver la posición jurídica del país sobre el ofrecimiento de bloques petroleros por parte de Nicaragua. “El Gobierno de la República de Costa Rica hace del conocimiento de empresas nacionales e internacionales, que la República de Nicaragua está ofertando para la exploración y explotación de recursos petroleros, áreas marítimas que pertenecen a la República de Costa Rica”, advierte el texto. En su denuncia, y a manera de ilustración, Costa Rica detalla la ubicación de 18 bloques en el Océano Pacífico, y 55 en el Mar Caribe de los referidos bloques o áreas ofertadas por Nicaragua, “que penetran indiscutiblemente en áreas marítimas costarricenses”. En la nota de protesta, Costa Rica explica que dicho listado es solo ejemplificativo, y de ninguna forma limita, agota o restringe los derechos e intereses costarricenses en los espacios marítimos del Mar Caribe y del Océano Pacífico, y advierte que el hecho de que no se mencionen otros bloques o áreas marítimas que Nicaragua ofrece o haya ofrecido y que transgredan espacios marítimos costarricenses no especificados en esta comunicación, de ninguna forma afecta los derechos de Costa Rica sobre esos espacios. Costa Rica también señaló que la existencia de recursos vivos y no vivos en espacios marítimos costarricenses, y que puedan alcanzar espacios marítimos nicaragüenses, requieren de acuerdos binacionales para su exploración y explotación, a fin de que exista un uso racional y equitativo de esos recursos, y que su explotación no se haga en detrimento de los derechos de una de las partes, o provoque impactos transfronterizos significativos con arreglo al derecho internacional. “En consecuencia, Costa Rica reitera su invitación a Nicaragua para continuar las negociaciones tendientes a definir los límites marítimos en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe”, expresa el texto.